El pasado día 15 de noviembre el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá firmó una Orden Ejecutiva que pretende “establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que todo servidor público o candidato a empleo público sea reclutado, seleccionado, adiestrado, ascendido, retenido, y tratado en todo lo referente a su empleo en consi-deración al mérito y capacidad, sin que se discrimine de forma alguna, incluyendo, pero sin limitarse a, discrimen por razón de raza, color, género o identidad de género, sexo, estado de embarazo, orientación sexual real o percibida, nacimiento, edad, origen o condición social, estatus civil, ideas o creencias políticas o religiosas, limitación o impedimento físico o mental, estatus serológico, condición de veterano o por ser víctima o percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho” (subrayado nuestro). A continuación compartimos con ustedes el comunicado de prensa que la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA) emitió en torno a dicha orden ejecutiva:Tras haber sido aparatosamente derrotado el pasado 4 de noviembre de 2008, el Gobernador incúmbente Aníbal Acevedo Vilá mediante una Orden Ejecutiva pretende legislar y conceder derechos no reconocidos por nuestro esquema jurídico y constitucional, en abierta contravención al ámbito de sus funciones como ejecutivo, despojando así a la Legislatura de su derecho a promover y aprobar leyes en Puerto Rico. En Puerto Rico las personas que no se casan constituyen una comunidad de bienes con derechos y obligaciones definidas legalmente. Una orden ejecutiva no es una ley sino una directriz para ejecutar una acción a nivel de la Rama Ejecutiva. La orientación sexual no es un derecho civil o una clasificación constitucionalmente protegida, ni cualifica para recibir una protección especial del Estado. Quién podría establecer estos derechos, previo procedimiento correspondiente, por vía de legislación sería la Asamblea Legislativa.
No obstante, como si no fuera suficiente: la aprobación de la Carta Circular #3 2008-2009 de 23 de julio de 2008, cuya puesta en vigor pervertiría la sexualidad de los niños y despojaría a los padres de su derecho a formarlos conforme con sus principios; y la falta de cumplimiento con la Ley 108 de 26 de mayo de 2006, que promueve la prevención de la violencia doméstica en Puerto Rico; el Gobernador ahora emite una orden ejecutiva que pretende abrir la puerta a la protección de las personas en el trabajo en función a su orientación sexual. No se refiere a proteger a las personas contra el discrimen por razón del sexo con que nació, sino con referencia a sus preferencias sexuales.No solo eso, sino que sin que las agencias de seguros médicos hayan tenido la oportunidad de expresarse en torno a ampliar los privilegios que tienen que otorgar a sus empleados y miembros de póliza, les obliga a enmendar sus contratos de golpe y porrazo. Además, no se celebró vista ni se ha presentado evidencia alguna del discrimen en el empleo por razón de la orientación sexual. Como cuestión de hecho, la comunidad homosexual en Puerto Rico no carece de poder económico ni de representación política, sino todo lo contrario. Tampoco cabe decirse que la orientación sexual es inmutable, sabemos que miembros de la comunidad LGTB han expresado públicamente que practicaban una orientación sexual diferente a la que tienen al presente y estudios científicos demuestran que la preferencia sexual no es una característica inmutable, sí es inmutable la capacidad en función al sexo con que nacemos relacionada a la posibilidad de reproducirnos natural y biológicamente. Nuestro Gobernador toma a poco la soberanía del pueblo y la delegación de poderes y, si algo demuestra es que no le interesa proteger a la niñez de Puerto Rico, que sí queda expuesta a depredadores sexuales con esta medida. Cabe preguntarle al Gobernador qué pasará cuando un pedófilo adulto(a) cuya preferencia sexual es tener relaciones con menores de edad) alegue que se le está privando de su derecho a trabajar con niños? Tendrá que eliminarse el listado de agresores sexuales de menores que es de público conocimiento en pro de la seguridad de nuestros niños?Claro que, como no fué reelecto al Gobernador Aníbal Acevedo Vilá no le interesa el impacto de su proceder. Corresponde entonces al Gobernador electo Luis Fortuño asegurar que se preserven los principios y valores reconocidos por el pueblo puertorriqueño y corregir el errado proceder del Gobernador saliente”. Califican Orden Ejecutiva de AAV como una innecesaria, ignorante o mera excusa para promover agendas sexuales Por otro lado Milton Picón, Presidente de Morality In Media expresó lo siguiente: “Si es sincera la Orden Ejecutiva del Gobernador saliente, Anibal Acevedo Vilá, contra el discrimen, o es innecesaria, o es el fruto de la ignorancia o es una excusa para promover las agendas de los grupos extremistas sexuales y crearle un problema a la administración entrante. Nuestra Constitución ya protege contra decisiones discriminatorias del estado a todas las clases mencionadas en la orden ejecutiva. En Puerto Rico, por ejemplo, ya era ilegal discriminar contra una persona, ya fuera por ser homosexual, impotente, obeso o feo. Estas dos últimas clases que son discriminadas continuamente en nuestra sociedad, sobre todo en lo laboral, no aparecen en la orden ejecutiva. La Igual Protección de las Leyes y el Debido Proceso de Ley protegen contra cualquier acción o decisión del gobierno que sea irrazonable o arbitraria, como lo sería negar empleo por asuntos que no son criterios relacionados con el empleo. La orden ejecutiva del Señor Gobernador, es una forma de “legislar” sin tener que pasar por el escrutinio público. Lo que las minorías sexuales del país no pueden alcanzar mediante el proceso político, lo quieren hacer a través de decretos gubernamentales, escritos por ellos mismos.Sin lugar a dudas la razón de la orden ejecutiva del gobernador saliente es puramente política. Es el premio de consolación de un gobierno que recibió el rechazo más aplastante que ha recibido gobierno alguno en nuestra historia a sus co conspiradores. La orden ejecutiva revela la enfermedad del gobierno saliente, no necesariamente de todo el electorado de ese partido. Estos últimos cuatro años la agenda gubernamental en el área de los derechos humanos se ha dedicado a tratar de establecer los privilegios de los grupos de presión del fundamentalismo homosexual. Desafortunadamente, mientras eso ocurría, una clase bien visible en Puerto Rico, los impedidos, siguen siendo objeto de desprecio, escarnio y negligencia. Todos deben recordar y no olvidar jamás la actitud de escapismo del gobierno saliente ante los reclamos federales de que se tratara a los impedidos con dignidad y respeto, especialmente a los niños con necesidades especiales, como manda la decencia y la ley, algo que olvidó Anibal Acevedo Vilá, quien irresponsablemente dijo ayer una de sus últimas mentiras, que la orden ejecutiva que firmó, no le iba a costar un solo centavo al pueblo de Puerto Rico.
